Copio el título del post a lavigi, uno de los sitios que informan de este atropello. También lo leo en Kriptopolis o en Ready for tomorrow, Escolar o El teleoperador, en tonos más o menos exaltados. También en Informática verde, la fuente de la que todo parece partir.
En los medios tradicionales no parece que haya mucho seguimiento. El País incluye una noticia; cabe suponer que, de entre todas, su versión será la más comedida. Pues aunque sea citando a Cristophe Espern, de la Fundación por una Infraestructura de Información Libre (FFII), dice que con esta directiva
... se autorizará a acceder a los datos personales de los usuarios por motivos de seguridad sin su consentimiento; se autorizará la venta de software que incluya programas espías destinado a interceptar los intercambios de archivos, impedir la copia de material protegido, "controlar al usuario" e "interceptar sus comunicaciones".
Es la guerra de las SGAE y demás entidades de gestión contra todos. Primero el canon, y ahora el control de lo que hacemos con nuestros ordenadores. Pretenden obligar a los proveedores de internet a monitorizar el tráfico de sus usuarios, en busca de usos "ilegales", que unos señores se encargarán de definir. No un ministerio, ni una agencia nacional de noséqué, sino las entidades de gestión de derechos, que son entidades privadas, con ánimo de lucro, y pendientes de sus propios intereses antes que del bien común.
Además, los proveedores de internet deberán ejecutar la ley que ellos dicten, limitando o impidiendo el acceso a la red de quienes se salten las normas.
Y por si fuera poco, quedará la puerta abierta a la obligación de instalar software espía en nuestros propios ordenadores.
El efecto más inmediato, tal y como lo pintan, es la lucha contra la piratería. Pero ocurre que no es piratería todo lo que estas entidades dicen. Se creen tan poderosos que no conciben que haya algo fuera de su control. Así que asumen que todo lo está y, lo que no se haga como ellos digan, debe ser ilegal. Y como tienen tiempo y dinero, pueden dedicarse a convencer de la validez de sus ideas a quien haga falta.
Lo peor, de todos modos, no es eso. Es el precedente de que el acceso a internet se pueda vigilar, controlar, regular. Hoy es el P2P el malo de la película. Mañana puede ser una página que ofenda a estas entidades, a una compañía o sector económico, un gobierno, a quien sea.
Queda abierta la puerta para que alguien pueda decidir qué programas se pueden utilizar en internet y cuáles no. A lo mejor exigen que los navegadores tengan cierta certificación, que sólo se dará a quienes incluyan cierta funcionalidad espía. O prohíben el uso de programas de VoIP (como Skype, por ejemplo), porque las telefónicas están perdiendo ingresos.
Esto es, lo que ha hecho de internet lo que es, los estándares abiertos, la independencia de la red y los programas que la utilizan, la posibilidad de inventar nuevos usos, queda cerrado. Ahora habría que contar con el visto bueno de quienes no buscan precisamente innovar o facilitar las cosas a la gente.
El calificativo de "torpedo" es porque han colado estas medidas de forma sibilina, dentro de textos que parecían otra cosa, y porque el texto definitivo se votará, definitivamente, en septiembre, cuando la gente está pensando en otras cosas y es probable que se haga menos ruido. Sólo queda estar atentos y protestar; si es lo único que podemos hacer, no renunciemos al derecho al pataleo.
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